El 11 de febrero de 2026 se publicó en el Diario Oficial de Chile la Ley N° 21.801, que modifica la Ley General de Educación para prohibir y regular el uso de dispositivos móviles en establecimientos educacionales.
La norma prohíbe el uso de dispositivos móviles en educación parvularia, básica y media, especialmente durante actividades curriculares, extendiéndose a toda la comunidad educativa, salvo excepciones específicas y reguladas.
Atrasar el uso del teléfono es proteger el desarrollo
En edades tempranas, retrasar la entrega de un teléfono celular es una decisión profundamente protectora.
Más juego físico.
Más interacción cara a cara.
Más concentración sostenida.
Menos comparación constante.
Menos exposición digital temprana.
El impacto en la salud mental, en la autorregulación y en la calidad de los aprendizajes es significativo. En convivencia escolar, también: menos conflictos digitales que ingresan a la sala de clases en tiempo real.
La ley, además, no solo prohíbe. Incorpora explícitamente la educación digital como principio del sistema educativo, promoviendo un uso responsable y seguro de la tecnología. En un contexto de expansión acelerada de la inteligencia artificial, es clave que formemos ciudadanos digitales que comprendan tanto los riesgos como las oportunidades. Ese equilibrio es fundamental.
Pero ahora viene lo difícil: la implementación
La ley entrará en vigencia al inicio del año escolar 2026 y los establecimientos deberán actualizar sus reglamentos internos antes del 30 de junio.
Eso abre preguntas legítimas:
¿Cómo se gestionará el control cotidiano?
¿Cómo se manejará la trazabilidad y las consecuencias del incumplimiento?
¿Se transformará en una nueva carga administrativa para equipos que ya están exigidos?
Y más allá del colegio:
¿Qué pasará después de las clases?
Porque si en el espacio escolar reducimos el acceso, ¿aumentará la tensión en el hogar? La propia ley refuerza el rol formativo de las familias en la supervisión fuera del horario escolar. Pero no todas las familias cuentan con las mismas herramientas.
¿Estamos preparados como sociedad para acompañar este cambio cultural?
EdTech y brechas digitales
Desde la mirada de emprendedor en tecnología educativa, no puedo dejar de pensar en las startups EdTech que construyen valor a través de aplicaciones móviles. La ley contempla excepciones cuando el uso del dispositivo es útil para actividades curriculares, pero el paradigma cambia.
La innovación educativa tendrá que adaptarse a modelos más institucionales, más regulados y probablemente menos dependientes del dispositivo personal.
Pero hay una preocupación aún más profunda: la equidad.
En algunas comunidades vulnerables, el único acceso a tecnología educativa es el teléfono del estudiante. Si no existe una inversión paralela en infraestructura digital escolar, corremos el riesgo de ampliar brechas que queremos cerrar. Esta ley debe ir acompañada de financiamiento para salas y recursos tecnológicos que aseguren igualdad de oportunidades.
Es relevante que la ley contemple una evaluación en 2030 sobre sus efectos en convivencia escolar, rendimiento académico, bienestar y brechas digitales. Eso demuestra que el debate no está cerrado. Estamos, más bien, entrando en una etapa donde mediremos el impacto real de esta decisión.
El desafío es colectivo
Escuelas que implementen con criterio pedagógico.
Familias que acompañen con límites claros.
Estado que apoye con financiamiento, campañas y formación.
Innovadores que rediseñen experiencias responsables.
Una sociedad que entienda que el desarrollo integral está por sobre la inmediatez digital.
Lo que hagamos fuera del colegio, y cómo acompañemos esta transición cultural, será lo que realmente determine si esta medida fortalece —o tensiona— nuestra convivencia y nuestro sistema educativo.
